La mala depuración del agua en nuestro país y el lento avance en la aplicación de la normativa comunitaria sobre la materia alarman a la Unión Europea. Tanto, que Bruselas ha decidido denunciar a nuestro país ante el Tribunal de Justicia comunitario (TJUE) por no garantizar el “correcto tratamiento” de las aguas residuales urbanas en varios municipios de Galicia y Cataluña y por haber remitido información “incompleta” o no haber alcanzado los niveles óptimos en poblaciones de Andalucía y, de nuevo, Cataluña.

En total, la Comisión Europea mantiene abiertos cuatro procedimientos por incorrecta depuración de aguas residuales que afectan a 800 municipios repartidos por toda la geografía española y que acumulan centenares de infracciones en lo que respecta a la depuración de aguas residuales que luego se vierten en áreas consideradas ambientalmente “sensibles”.

Las zonas sensibles son las que contienen aguas que se usan para el consumo humano o los lagos de agua dulce naturales, estuarios y aguas costeras que presentan exceso de fitoplancton o puedan desarrollarlo. Estas áreas exigen una purificación más exhaustiva porque, si no se hace así, pueden contaminar el agua potable o poner en riesgo la vida acuática

Aunque Bruselas reconoce la “solución de algunos problemas” identificados en sistemas de depuración de agua, considera que España sigue “rezagada” en la aplicación de la normativa común y pone el énfasis en que “aglomeraciones” –término que utiliza la Comisión Europea para referirse a núcleos de población con más de 10.000 habitantes– como Poio, Bueu, Marín y Pontevedra (todas ellas situadas en la provincia pontevedresa); Berga (Barcelona) o Figueres y Banyoles (en Girona) siguen incumpliendo la normativa.

En los casos de Bollullos Par del Condado (Huelva), Abrera y Capellades (ambas en la provincia de Barcelona), la Comisión señala que los datos facilitados son “incompletos o muestran que todavía no se ha cumplido con los niveles exigidos”.

Todo ello ha llevado al ejecutivo comunitario, a recomendación de Karmenu Vella, el comisario de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca, a poner el caso en manos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.